Opinión | Iglesias sin vigilancia: otra oportunidad perdida
Por presiones de sectores religiosos, el Congreso volvió a dar un paso atrás en un tema urgente para el país: la vigilancia y control de las iglesias. Los congresistas de la bancada de Gobierno retiraron los proyectos de ley 057 y 058, que buscaban reforzar los mecanismos de supervisión a estas entidades, dejándonos en el mismo escenario de vacío normativo que tanto favorece a los abusos.
La situación es paradójica. Casi todas las instituciones privadas en Colombia, incluidas las que no persiguen ánimo de lucro, están sujetas a algún tipo de vigilancia estatal: superintendencias, ministerios, secretarías locales. Pero cuando se trata de las iglesias, la supervisión es débil, difusa o inexistente.
Lo que los proyectos proponían no era limitar la libertad de cultos ni prohibir la creación de nuevas comunidades religiosas. Vigilar no es restringir. La iniciativa pretendía darle herramientas a la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior para garantizar que las organizaciones religiosas cumplieran la ley, como cualquier otra entidad. Pero el lobby de ciertos sectores eclesiales se impuso, dejando de nuevo al Estado sin dientes en este terreno.
El problema no es teórico. El caso de la Iglesia Cristiana Berea lo ilustra de manera dramática: en enero de 2021, su líder Gabriel Ferrer Ruiz convenció a sus feligreses de vender sus bienes porque, según él, el fin del mundo se acercaba. El pastor desapareció junto con el dinero, mientras varias familias, incluidos menores de edad, quedaron en condiciones de vulnerabilidad. A pesar de ello, la iglesia sigue existiendo jurídicamente y su personería no ha sido cancelada. Peor aún: según la misma Dirección de Asuntos Religiosos, quienes cometen este tipo de abusos pueden volver a ser representantes legales de nuevas iglesias sin restricción alguna.
Ese vacío normativo es grave. Y la pregunta es sencilla: ¿por qué las iglesias deben ser la excepción? ¿Por qué las cooperativas, fundaciones, ONG, empresas privadas e incluso clubes sociales son vigilados y ellas no? El argumento de la autonomía religiosa no puede convertirse en patente de corso para la impunidad, el fraude y la vulneración de derechos fundamentales, en especial de los más vulnerables: niños, niñas y adolescentes.
El proyecto retirado buscaba precisamente lo contrario a lo que sus opositores pregonan: proteger a los mismos creyentes de prácticas abusivas y de dirigentes religiosos inescrupulosos. Pero una vez más, los intereses de ciertos sectores religiosos pesaron más que la responsabilidad del Estado de salvaguardar los derechos ciudadanos.
Así, mientras en otros ámbitos se exige cada vez más rendición de cuentas, en el mundo religioso seguimos en el mismo panorama: ausencia de control, riesgos para los feligreses y un Estado que renuncia a ejercer su papel de garante.