La separación entre Estado e Iglesias, mejor conocida como “laicidad” ha sido analizada para Colombia por la Asociación de Ateos de Bogotá y Bogotá Atea, con el apoyo de la International Humanist and Ethical Union (ahora Humanist International —IH), creando el primer informe para nuestro país.

La laicidad del Estado en Colombia se estableció indirectamente en la Constitución de 1991, que no menciona la naturaleza laica del Estado, pero sí lo implica, y es por eso que la Corte Constitucional tuvo que declarar explícitamente a Colombia como un estado laico en diversas sentencias.

Esto implica que el Estado colombiano no debe adherirse a ninguna denominación religiosa o credo alguno, y permanecer neutral respecto a todas y cada una de las cosmovisiones espirituales del mundo, incluida la falta de ellas. También implica que, al realizar sus tareas, el Estado debe ser equitativo ante cualquier práctica religiosa o espiritual o su ausencia deliberada. Un Estado es confesional cuando se trata de su propia política constitucional para estar expresamente unido a un credo religioso específico. Colombia es un Estado laico, no confesional y con algunas prácticas políticas seculares derivadas de la visión cristiana / católica del mundo y la sociedad. Sin embargo, existe una fuerte tendencia a que las funciones estatales favorezcan a una teocracia cristiana.

En el documento “Estado de la Laicidad en Colombia. informe 2010 – 2017” se analiza el fundamento jurídico del estado Laico en Colombia y se procede a analizar en catorce capítulos los efectos de la violación al laicismo en áreas como los símbolos y actos religiosos en entidades públicas, la educación, los derechos de las mujeres y grupos LGBTI, la libertad de expresión, el respeto a normas ambientales y urbanísticas pro las iglesias, entre muchas otras.

Como conclusiones en este informe se presentaron las siguientes:

  1. Colombia tiene un marco normativo sólido para la laicidad, fortalecido en gran parte por la jurisprudencia de la Corte Constitucional; sin embargo, el Estado Laico aún está en proceso de consolidarse. En la práctica, el Estado no ha podido separarse por completo de la religión, particularmente de la Iglesia Católica, bien sea por la debilidad institucional, bien sea por la idiosincrasia regional y los imaginarios colectivos de ciertas comunidades. Así las cosas, Colombia aún tiene un gran camino por recorrer para la materialización de una efectiva separación entre Estado e Iglesias. La influencia de dos siglos de confesionalidad católica aún pesa en el trabajo de los funcionarios públicos, que todavía no garantizan la neutralidad en materia religiosa.
  2. En la escala de laicidad propuesta en este trabajo, que va de 0 a 50 puntos, Colombia obtuvo 18 puntos en el año 2010, avanzando 10 puntos para el presente año. A pesar de los avances, que son notables, el Estado Colombiano aún se encuentra en deuda de garantizar el principio de laicidad.
  3. La presión de grupos religiosos, principalmente evangélicos, ha venido aumentando durante la última década. Estos postulan una negación del Estado Laico en Colombia y propugnan por la clericalización de las entidades públicas. Esta presión es una amenaza para los derechos de las minorías religiosas, las minorías sexuales, las mujeres y las personas no religiosas.
  4. Los sectores sociales que propenden por el respeto del Estado Laico manifiestan su preocupación sobre el mal uso que se pueda dar a las Mesas Departamentales y Distritales de Libertad religiosa, de manera que se puedan usar para promover la religión en espacios y/o con recursos públicos, en lugar de limitarse a velar por el respeto del derecho a la libertad de culto.
  5. El período 2010–2017 estuvo marcado por una fuerte influencia clerical en contra de la laicidad estatal. El paso de Alejandro Ordóñez por la Procuraduría y la alianza entre ciertos sectores cristianos y el uribismo constituyeron el mayor freno, e incluso retroceso, de la laicidad en Colombia.
  6. Colombia no es la excepción, respecto a la fuerza que ha acumulado el sector conservador de la derecha evangélica. Nacida en Estados Unidos, esta tendencia política ve en los derechos de los ciudadanos LGBTI, la eutanasia y el aborto, el motivo de una cruzada clericalista para hacer que las categorías pecado/virtud de la religión se traduzcan en las categorías legal/ilegal en el Estado.
  7. El discurso político y social que este movimiento religioso y político ha creado, se caracteriza por la desinformación, que genera confusión en la ciudadanía y por el uso de la satanización de personas e ideas para crear miedo. Así las cosas, afirman que laicidad es sinónimo de ateísmo, y al respeto de los derechos de las mujeres y la población LGTBI la llaman “ideología de género”, deslegitimando y tergiversando así la metodología del enfoque de género.
  8. Algunas iglesias confunden la libertad religiosa con la imposición de sus dogmas en política, de manera que participan dentro de las instituciones estatales para asegurarse dineros públicos y con ellos crear espacios de proselitismo religioso, como los conciertos gospel de los grupos pentecostales y carismáticos.
  9. A raíz de la fuerte influencia de la derecha evangélica, desde el año 2016 ha aumentado el número de artículos, columnas de opinión y noticias que abordan los conceptos de laicismo, laicidad y estado laico.
  10. Las escuelas públicas y las Fuerzas Militares y de Policía son los entornos donde más se irrespeta la laicidad estatal. Los directivos de estas instituciones, fuertemente influenciados por alguna religión o doctrina religiosa, propagan sus imágenes, organizan ritos de asistencia muchas veces obligatoria, y crean espacios y actividades favorables para el adoctrinamiento religioso, principalmente católico.

En todos esos aspectos, la laicidad ha permeado en diferentes grados, con casos de progreso y contratiempos por igual. Para analizar con precisión este fenómeno, se ha presentado una cuadrícula que evalúa cada aspecto en cuatro categorías: crítica, deficitario, regular y firme, cada una con un rango de puntuación que permitirá comparar resultados anuales y calificar diferentes territorios nacionales. De los 50 puntos posibles, un estado se considera regular entre 36 y 45, deficitario entre 13 y 35 y crítico entre 0 y 12.

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